Resumen: INDEMINIZACION DAÑOS Y PERJUICIOS-RESPONSABILIDAD
Resumen: PRIMERO. Resolución impugnada y argumentos de las partes.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó la demanda presentada por la Cámara de la Propiedad Urbana para reclamar el pago de rentas devengadas por contrato de arrendamiento de vivienda de su propiedad. El tribunal de apelación desestima el recurso de apelación interpuesto y confirma la sentencia recurrida. El tribunal reconoce la legitimación activa de la demandante: pasó de ser una corporación de derecho público a tener naturaleza de entidad asociativa e interés social. Este cambio de naturaleza jurídica abrió un periodo transitorio con la apertura de un proceso de liquidación, de modo que hasta que este no finalice las Cámaras de la Propiedad Urbana en Castilla y León mantienen el uso del patrimonio que tienen adscrito y la consiguiente legitimación para administrarlo y defenderlo. Añade el tribunal, que la parte demandada reconoció extrajudicialmente la legitimación de la demandante, por lo que no puede cuestionarlo en el proceso. En relación con el fondo: las medidas sobre moratoria en los arrendamientos en relación con los arrendatarios con vulnerabilidad económica se aplican en relación con contratos sometidos a la vigente LAU, en tanto que el arrendamiento por el que se reclama se suscribió antes de su entrada en vigor. La propuesta de la demandante para aplaza y fraccionar el pago de la renta no es un acto propio vinculante.
Resumen: PRIMERO.- El demandante propone en el recurso que se modifique el apartado segundo del relato de hechos probados de la sentencia de instancia, con el fin de que se especifique el parentesco de quienes su fallecimiento causa derecho al permiso controvertido, así como la distancia cuya superación implica ampliar el número de días de permiso.
Resumen: PRIMERO.- El Juzgado de lo Social nº 6 de los de Bilbao dictó sentencia el 1-12-2021 en la que estimó la demanda interpuesta por la trabajadora al entender que el despido operado por la vía del art. 52, c) ET, folios 7 y siguientes, respondía a la situación generada por la pandemia, y en aplicación de la Normativa de los RDL 8 y 9/20, arts. 22 y 23, y 2, respectivamente, determina la improcedencia del cese, rechazando la posible nulidad del mismo, y realizando para obtener su conclusión un estudio de la situación económica-financiera de la empresa.
Resumen: Por el Juzgado de primera instancia se estima la demanda en reclamación de cantidad en concepto de rentas, cantidades asimiladas y parte de la fianza pactada y debida, con condena en costas a la demandada. Recurrida dicha sentencia en apelación, por el Tribunal se estima parcialmente el recurso, en primer término se estima que al existir un acuerdo resolutorio del contrato de arrendamiento, sin hacerse reserva alguna por las partes de cantidades, la parte demandada está obligada al pago de las rentas devengadas hasta esa resolución en que se entrega la posesión del inmueble arrendado, pero igualmente al no hacerse reserva alguna, no cabe condenar a la demandada al pago de rentas no devengadas después de dicho acuerdo resolutorio; igualmente se estima que el pago del resto de fianza aun debida no tiene ya sentido después de resolverse el contrato; y, por último, que se confirma la condena por el agua del pozo extraída por la arrendataria; por lo que al estimarse parcialmente la demanda y el recurso no cabe imponer las costas causadas en ambas instancias.
